La investigación de Conmebol sobre los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 avanza con fuerza, dejando al club argentino en una situación cada vez más complicada. El informe preliminar revela que, aunque se reconoce la violencia de la hinchada chilena, también existen responsabilidades por parte del Rojo y de la Policía Bonaerense.
Según los testimonios del delegado de Conmebol, Michael Sánchez Alvarenga, y del oficial de seguridad del organismo, Independiente habría incumplido recomendaciones claras sobre la habilitación de la tribuna Sur Baja, que debía permanecer cerrada para evitar conflictos. A pesar de las advertencias, el club decidió mantenerla abierta y se comprometió a reforzar la seguridad privada, medida que finalmente no se cumplió, facilitando los incidentes en las gradas.
El informe también apunta a la actuación de la Policía Bonaerense, acusada de no intervenir pese a las reiteradas solicitudes de los oficiales de seguridad de Conmebol. Según consta en el documento, la fuerza alegó que cualquier ingreso masivo podría provocar una tragedia mayor, siguiendo protocolos internos que no fueron detallados ni comunicados plenamente a los funcionarios de Conmebol.
Además, el expediente señala la existencia de un video en el que un hincha visitante realiza gestos racistas hacia los aficionados locales, mostrando una banana en la mano y simulando movimientos de mono, lo que suma un capítulo de discriminación al informe. La Confederación advierte que tanto Independiente como Universidad de Chile podrían enfrentar sanciones que van desde multas hasta descalificación en competiciones presentes y futuras, y podrán presentar pruebas de descargo hasta el miércoles 27, a las 13 horas, en Asunción.
La gravedad del informe preliminar deja a Independiente en una situación delicada, no solo por la violencia registrada, sino también por las posibles repercusiones legales y deportivas que podrían afectar al club en el corto y mediano plazo. La decisión final de Conmebol será clave para definir responsabilidades y marcar un precedente sobre la seguridad y conducta en los estadios sudamericanos.