El violento cruce entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile dejó un escenario que sigue teniendo repercusiones más allá de lo futbolístico. La Fiscalía de Avellaneda presentó un pedido formal para que el Rojo no pueda utilizar su estadio con público, al menos de manera provisoria, mientras avanza la investigación sobre los disturbios que sacudieron al Libertadores de América.
La decisión final quedará en manos del juez José Luis Arabito, quien deberá resolver si avala la solicitud y determina la suspensión parcial del estadio. Si el magistrado da luz verde, Independiente tendrá un dilema inmediato: enfrentar a Platense el próximo domingo a puertas cerradas en su cancha, o mudar el partido a otro escenario donde sí se permita la asistencia de sus simpatizantes.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, adelantó que las pruebas encontradas en el lugar fueron determinantes para el pedido judicial. Según se informó, las pericias revelaron rastros de sangre en sectores de la tribuna, además de cuantiosos daños materiales que incluyeron baños destruidos, portones arrancados y desperfectos eléctricos. Estas imágenes reforzaron la gravedad de lo ocurrido y colocaron el foco en la responsabilidad del club.
En Avellaneda, la dirigencia esperaba algún tipo de sanción y había decidido posponer el canje de entradas para el choque con Platense, anticipándose a posibles restricciones. Sin embargo, lo que parecía una sanción leve ahora puede transformarse en un castigo más severo, que incluso podría repercutir en el futuro internacional del equipo en la Copa Sudamericana.
El presidente Néstor Grindetti había manifestado en Paraguay que Independiente cumplió con todos los requisitos de seguridad exigidos por la Conmebol y por la Provincia. No obstante, la magnitud de los destrozos y la violencia registrada abrieron un escenario de máxima tensión. El club busca evitar consecuencias que lo priven de su localía y, sobre todo, de la presencia de su gente, que ya ha sido testigo de numerosas sanciones en los últimos años.
Mientras el plantel se concentra en lo deportivo, la Justicia y los organismos de seguridad tienen la última palabra. En las próximas horas se sabrá si el Libertadores de América volverá a abrir sus puertas, o si la violencia obliga a cerrarlas una vez más.